El Albacete Balompié recibió en el día de ayer un varapalo judicial sin precedentes en la historia del club al ser condenado a pagar a su ex entrenador César Ferrando un millón de euros por la deuda que mantiene el club con el valenciano tras la rescisión de su contrato en la época en la que Ángel Contreras era el presidente, aunque la reclamación judicial ha llegado con Ubaldo González en la presidencia. El Juzgado de lo Social número uno da la razón a Ferrando y considera que el club de ha dejado impagados los tres primeros plazos pactados con el entrenador en el famoso anexo de rescisión del contrato que, en principio, les unía a ambos desde el 1 de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2008.
El Albacete y Ferrando acordaron poner fin a su relación al final de la temporada 2006-2007 y, tras desavenencias surgidas entre las partes y quedar impagados por la entidad demandada alguno de los conceptos inicialmente pactados, suscribieron un documento en el que constaba la voluntad de las partes de resolver de mutuo acuerdo el contrato laboral del entrenador.
El club dejó impagadas a las fechas de sus respectivos vencimientos las cantidades consignadas en un primer contrato de rescisión por valor de 58.381 euros, cantidad que el ex entrenador reclamó y que el club abonó mediante transferencia.
De igual modo, la entidad deportiva dejó impagados los tres primeros plazos plasmados en documento de rescisión del anexo al contrato de entrenador por importe de un millón de euros, que son los que ahora el club debe abonar al demandante.
El club puede recurrir la sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M).
La sentencia
La jueza titular del Juzgado de lo Social número 1, Luisa María Gómez, considera en la sentencia que la petición de que Ferrando ya estaba finiquitado con los 58.000 euros de su contrato federativo, argumentación «resulta de todo punto insostenible» porque la Federación Española «conoció única y exclusivamente de la reclamación relativa a los 58.381,50 euros» además de señalar que esto «nada tiene que ver con la reclamación del resto de cantidades pactadas en el segundo de rescisión del anexo al contrato».
En cuanto a la decisión de no tomar en consideración la petición del Albacete de suspender el proceso social mientras no se solucione la querella criminal presentada contra Ángel Contreras y Francisco Ruiz por presunta falsedad documental, la jueza argumenta que «la petición no ha sido atendida y merece un sucinto comentario. En efecto, tanto las alegaciones vertidas en el acto del juicio como de las contenidas en le texto de la querella (...) resulta que aun con cierta ambigüedad y contradicciones internas la entidad deportiva no está afirmando que la suscripción de aquellos contratos no respondiera a negocio real alguno, sino que respondiendo, permanecieron ocultos, lo cual es una cosa bien distinta. Es más la misma querella (...) afirma que uno de los documentos originales en cuestión se encontraba custodiado en las oficinas del club, pero se mantuvo oculto para la entidad».
También explica la jueza que aunque haya diferencias en los contratos aportados por el club y por los abogados de Ferrando -cabe señalar que el que aporta el Albacete tiene la cláusula de renovación en el caso de que se ascienda a Primera, mientras que presentó Ferrando dice que se renovará en caso de no descender a Segunda B- «no tiene apariencia delictiva al explicarse en el acto del juicio que se habían redactado en diferentes momentos y dentro del marco de las negociaciones entre las partes».
¿Recurso?
La pregunta es, ¿qué puede suceder a partir de ahora? Desde el club no se ha desvelado si se recurrirá o no -dentro de la política de opacidad a las que nos tienen acostumbrados este Consejo de Administración-, pero en buena lógica cabe esperar que sea ese el paso a dar.
En el caso de que se presente recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Manca, el club deberá consignar en la cuenta del Juzgado de lo Social la cantidad de un millón de euros y para tomar esta decisión el Albacete dispone de sólo cinco días.
La otra solución será negociar, pero si no se ha hecho antes del juicio parece complicado que César Ferrando se vaya a avenir ahora a razones. En este sentido, está claro que el Albacete se ha topado con la obstinación de sus dirigentes, que pretenden arreglar todos los problemas del club en los juzgados y que tras la sentencia de ayer, pueden haber tensado demasiado la cuerda colocando al club en una situación demasiado complicada que puede acabar con el destino del Albacete en manos de un proceso concursal.
En este sentido, habrá que esperar para ver si el Consejo, que tiene previsto reunirse entre hoy y mañana, se ha guardado un as en la manga para intentar solucionar un gravísimo problema que puede dejar al club en una situación bastante delicada.
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